Cumpliendo con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Contralor General presentó ante el Poder Legislativo la memoria y cuenta de su gestión en 2020
El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, presentó este jueves ante la Asamblea Nacional su informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2020, donde informó que la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela realizó 699 actuaciones fiscales en diferentes entes del Estado y 554 inspecciones directas en más de 400 instituciones públicas, aplicando 422 multas a las que incumplieron las leyes.
Indicó además que se realizaron 64 procedimientos de verificación patrimonial.
Amoroso aseguró que su administración atendió cuatrocientas sesenta y tres mil novecientas una (463.901) declaraciones patrimoniales en todo el territorio nacional (DJP); y ya que considera estas declaraciones “la columna vertebral del control previo y posterior de los altos funcionarios o servidores públicos de la patria”, indicó que se desarrollaron campañas informativas cada año para concienciar a funcionarios para que cumplieran esta obligación de manera oportuna.
“Desde 2019 iniciamos investigaciones con las que develamos una trama de corrupción sin precedentes en el país, en la que se encontraban involucrados el exdiputado Juan Guaidó y un grupo de ciudadanos, una banda de delincuentes, que tenían como principal objetivo robarse el dinero del erario público; delincuentes que hicieron un plan para robarse los activos de Venezuela en el exterior”, detalló.
En ese orden de ideas, Amoroso subrayó que en la investigación se pudo conocer, y desde la CGR se denunció, que Carlos Eduardo Troconis, integrante de este grupo de personas, había recibido 187 millones de dólares para ser extraídos del país en contrataciones que fueron otorgadas con la plena colaboración del “delincuente” Rafael Ramírez.
“Ese mismo año, estas investigaciones siguieron, y determinamos acciones para que a un grupo vinculado a un sector de la oposición se le prohibiera enajenar y gravar sus bienes, y solicitamos a la SUDEBAN el congelamiento de cuentas y la prohibición de salida ante los tribunales del país”, asumió.
Asimismo, recalcó que con estas investigaciones se determinó que con el robo de CITGO, filial de la estatal Petróleos de Venezuela en Estados Unidos; el desmantelamiento de la empresa petroquímica Monómeros, en Colombia; y la apropiación de las reservas de oro del Estado depositadas en el Banco de Inglaterra, se constituía en Venezuela una nueva forma de corrupción sin precedentes.
Por otra parte, dijo que en el campo de las actuaciones fiscales y desde la plataforma del Sistema Nacional Control Fiscal, se analizaron las actas de entrega de órganos y entidades de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias, recibidas durante los ejercicios económicos financieros 2019 y 2020.
Refirió Amoroso que durante su gestión se realizaron, además, auditorías de tecnología de información y comunicación, y de organización y funcionamiento de órganos y entes públicos, en aras de fortalecer la gestión de estos y de verificar el cumplimiento de sus responsabilidades, velando por la buena gestión y el correcto uso del patrimonio público en el Poder Público.
Trabajo interinstitucional
“Es importante señalar que la Contraloría ha participado activamente en las mesas de trabajo convocadas por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República con el fin de crear un mecanismo efectivo para recuperar el patrimonio despojado al país por parte de funcionarios públicos corruptos”, recalcó el Contralor General.
Afirmó que durante los años 2019 y 2020, la Contraloría General de la República, en defensa de los intereses de la patria, participó durante unas 36 jornadas de encuentro en reuniones internacionales que se desarrollaron bajo la modalidad virtual con las entidades integradas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la organización de Entidades Fiscalizadoras del Mercosur y Asociados (EFSUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Asimismo, durante el año 2019 una representación de la CGR estuvo en 11 reuniones internacionales de manera presencial y en 3 virtuales.
En el desarrollo de la capacidad de gestión fiscalizadora de la Contraloría General de la República, 230 de sus funcionarios y funcionarias participaron en 29 cursos de formación internacional que suman 960 horas académicas, ofertados por el Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS.
Fortalecimiento del Poder Popular
Amoroso continuó su recuento refiriendo que la Contraloría General de la República ha continuado su papel protagónico con el Poder Popular y la participación ciudadana afianzando los programas para formar y capacitar a representantes de los consejos comunales y a la comunidad en general sobre cómo administrar y velar por la correcta utilización de los recursos públicos en sus comunidades, así como sobre rendir cuentas de manera disciplinada y oportuna.
Para ello, explicó, la CGR tiene a disposición de la ciudadanía la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social y, en el Sistema Nacional de Control Fiscal, las Oficinas de Atención al Ciudadano, como medios para el control individual o colectivo de la gestión pública. Durante 2020, se brindó atención a 30.839 ciudadanos gracias a esta red que la CGR tiene desplegada en todo el territorio nacional.
Procedimientos administrativos sancionatorios
“En relación con los procedimientos administrativos sancionatorios iniciados por el incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio durante los procesos de actualización de 2019 y 2020, en omisión de lo establecido en el numeral 3 del artículo 33 del Decreto de la Ley Contra la Corrupción, quedaron firmes 320 expedientes administrativos sancionatorios en los que se acordó imponer sanciones a ciudadanos, y se contabilizan en ellos 2.688 personas inhabilitadas”, informó Amoroso.
Durante el período 2019-2020, la Contraloría General de la República, de conformidad con lo previsto en el número 2 del artículo 39 de la Ley Contra la Corrupción, impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público a más de 150 ciudadanos por contravenir las normas establecidas.
“En este grupo inhabilitado se encuentran el exdiputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, Luisa Ortega Díaz, Germán Ferrer, Tomás Ignacio Guanipa, Antonio Ledezma Díaz y Julio Andrés Borges. Recordemos que no existe corruptos buenos o corruptos malos: todos los corruptos deben ser castigados, como lo establecen las leyes en el país”, sintetizó Amoroso.
Desde la Contraloría se ratifica que todas sus actuaciones están enmarcadas en los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes aplicables, garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa a los investigados e investigadas por presuntos hechos de corrupción.
Para concluir su intervención, el ciudadano Contralor enfatizó que los órganos y entes nacionales, estatales y municipales deben conformar un solo bloque para fortalecer la prevención, lucha y sanción contra las distintas formas de corrupción.
“Quiero hacerles saber a los auditores y auditoras que tienen y deben continuar con esa fortaleza aguerrida para declarar la verdad de las actuaciones, porque ante la patria todos estamos obligados a rendir cuenta. El control previo sin duda es el punto neurálgico para sentar las bases que permitan tener una nación bajo una administración sana y sin corrupción; debemos adelantarnos con el control previo al acompañamiento, a la revisión y sobre todo a la vigilancia de quienes administran los recursos en el país”, concluyó Amoroso.
Más de dos años de gestión
Elvis Amoroso fue juramentado cómo Contralor General de la República el 23 de octubre de 2018; desde entonces, juró y ratificó su compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes y lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como a trabajar incansablemente en la prevención, lucha y combate contra la corrupción y en la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, en pro de salvaguardar el patrimonio público del Estado venezolano.
La máxima autoridad del Sistema Nacional de Control Fiscal recalcó que durante sus años de gestión ha velado por cumplir y hacer cumplir lo dictado por la Ley Orgánica de la Contraloría General de República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y por la Ley Contra la Corrupción, a fin de realizar un control previo, vigilancia y supervisión de los bienes de la Administración Pública.
Es en este espíritu, y cumpliendo con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que este jueves 4 de marzo el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, presenta ante el Poder Legislativo la memoria y cuenta de su gestión correspondiente al año 2020.
