Contraloría General audita a entes públicos
En aras de dar continuidad a las políticas fundamentales en la salvaguarda del patrimonio público del país, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela realizó este miércoles 10 de febrero varias auditorías a diferentes entes públicos como el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y al Fondo Nacional Antidrogas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones, Interiores, Justicia y Paz.
Una comisión especial de la Dirección General de Control de los Poderes Públicos Nacionales de la Contraloría General de la República ejecutó una auditoría de seguimiento al Ministerio del Poder Popular para la Salud, con el objetivo evaluar la implementación de las acciones correctivas en atención a las recomendaciones que dictó el Máximo Órgano de Control en el año 2015 relacionados con el concurso sobre la adquisición de medicamentos para el Sistema Público Nacional de Salud.
Por otra parte, el Ministerio del Poder Popular para la Educación recibió al equipo de la Contraloría General para evaluar la sinceridad, legalidad y exactitud de las operaciones administrativas, financieras y presupuestarias relacionadas con las nóminas del personal adscrito a ese ministerio.
Igualmente, la CGR ejecutó una auditoría operativa al Fondo Nacional Antidrogas (FONA) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones, Interiores, Justicia y Paz, dirigida a determinar el ingreso fiscal recaudado por este fondo en materia de contribuciones especiales, así como su distribución y administración para el ejercicio económico del año 2014. Es importante resaltar que por primera vez se audita al FONA en materia de ingresos fiscales, tomando en cuenta que la Contraloría General siempre revisa los gastos; esta revisión permitirá corroborar que dichos ingresos hayan sido destinados para las distribuciones que están contemplados en la Ley Orgánica de Drogas.
Con estas auditorías, la Contraloría General de la República ratifica los esfuerzos para vigilar y controlar el destino del patrimonio público, así como el manejo transparente de los recursos del Estado, dando continuidad al lema “Mejor prevenir y educar que sancionar a futuro”.
