“El objetivo de EE. UU. es asfixiar la economía, empobrecer al pueblo, socavar el estado de bienestar social y sabotear aspectos esenciales de nuestra vida cotidiana para generar un caos social que justifique una intervención o un cambio forzado del sistema político […] Debe haber una respuesta de Estado ante esta guerra sin precedentes”, consideró el Contralor
El presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República, Elvis Amoroso, consideró que la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de Derechos Humanos dotará al Estado venezolano de las capacidades institucionales y jurídicas y de las herramientas necesarias para enfrentar y superar la agresión colonialista más despiadada que se haya sufrido en la historia republicana del país.
“Lógicamente, si el bloqueo estadounidense resulta de una política de Estado, debe responderse con acciones de Estado”, explicó tras dar total respaldo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo Nacional que fue autorizada el pasado jueves por la ANC.
El también abogado en materia constitucional especificó que la Ley Constitucional Antibloqueo tipifica los controles necesarios para apoyar al Ejecutivo en la materialización de los mecanismos que requiera la República para enfrentar el bloqueo: “Queda establecido en su artículo 13 que todos los actos públicos dictados en aplicación de esta Ley Constitucional quedan sometidos a control posterior por parte de la Contraloría General de la República, la cual deberá ejercer dicho control eficaz y oportunamente, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación nacional”.
De acuerdo con el titular del Máximo Órgano de Control Fiscal, los poderes públicos deben apoyar al Ejecutivo Nacional para ir dando respuestas a varios objetivos priorizados en la mencionada ley, como el desarrollo de nuevos y efectivos sistemas compensatorios del salario y la recuperación del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras, “pulverizados por las sanciones”.
“Debemos ver cómo reimpulsamos con esta ley el funcionamiento del sistema de protección social, cómo recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad, impulsar la capacidad productiva nacional, sobre todo de las industrias estratégicas y lograr la sustitución de importaciones, recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública, proteger al pueblo, mitigar el impacto del bloqueo económico, compensar los daños causados a la familia venezolana y garantizar la vigencia de los derechos humanos”.
Amoroso enfatizó que la Contraloría, como Máximo Órgano de Control Fiscal, se compromete, ante la política de paz implementada en la gestión de gobierno del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, a trabajar para lograr dar respuesta ante el bloqueo impuesto por la administración de Trump contra el pueblo venezolano.
“Con la aprobación de esta ley vamos a continuar trabajando por la República Bolivariana de Venezuela, de manera concurrente con el Poder Público venezolano, en la defensa de la soberanía nacional, así como en la promoción y defensa de los derechos humanos a lo largo del territorio nacional”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que la Ley Antibloqueo garantizará la protección de los activos internos y externos del país, el desarrollo de alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera del territorio nacional, el fortalecimiento de sectores económicos o negocios en áreas estratégicas y la atracción de inversiones productivas a gran escala.
“El presidente se pone a la altura ante una situación que a todos los venezolanos nos afecta: un bloqueo genocida que busca revertir todo nuestro sistema económico con el único objeto de pulverizar el salario del pueblo […]. El jefe de Estado y de Gobierno necesita maniobrar ante ese escenario y desde aquí vamos a respaldar, acompañar y entregar todo lo necesario para que nuestro pueblo deje de ser víctima de unas sanciones que no ayudan al país en lo absoluto”, acotó Amoroso.
