Inician auditoría patrimonial contra Gabriela del Valle Rondón Arellano y José Manuel Olivares Marquina, quienes se desempeñan como diputados de la Asamblea Nacional en desacato y se encuentran presuntamente inmersos en actos de corrupción.
El contralor Elvis Amoroso informó este jueves a través de un pronunciamiento oficial que fueron inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público los ciudadanos Luisa Marvelia Ortega Díaz, Germán Darío Ferrer, Tomás Ignacio Guanipa Villalobos, Antonio José Ledezma Díaz y Julio Andrés Borges Junyent, por un período máximo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.
Amoroso explicó durante esta rueda de prensa que los ciudadanos anteriormente mencionados se encuentran sometidos al procedimiento de verificación patrimonial, y que en la revisión de las actas que conforman los expedientes administrativos se detectó el ocultamiento o falseamiento de información en la presentación de las declaraciones juradas de patrimonio analizadas, por cuanto omitieron, sobrestimaron y subestimaron instrumentos financieros.
En ese sentido, el titular del Máximo Órgano de Control Fiscal informó que también se dio inicio al procedimiento de auditoría patrimonial a los ciudadanos Carlos José Balza Guanipa, David Smolansky Urosa, Elio Ramón Tortolero Varela, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, María Elizabeth Lizardo de Jiménez, José Ignacio Hernández González, Jon Mirena Bilbao Baroja, Enrique Simón Torres Galavis, Rogelio Rafael Lozada Briceño, Carmen Elisa Hernández Rodríguez de Castro, José Alberto de Antonio Cabré, Mireya Ripanti de Amaya, Gabriela del Valle Rondón Arellano y José Manuel Olivares Marquina; estos dos últimos ciudadanos “se desempeñan como diputados de la Asamblea Nacional en desacato y se encuentran presuntamente inmersos en actos de corrupción”, señaló Amoroso.
Recordó el Contralor que Luis Augusto Pacheco Rodríguez, María Elizabeth Lizardo de Jiménez, Jon Mirena Bilbao Baroja, Enrique Simón Torres Galavis, Rogelio Rafael Lozada Briceño, Carmen Elisa Hernández Rodríguez de Castro, José Alberto de Antonio Cabré y Mireya Ripanti de Amaya se encuentran inhabilitados por 15 años para el ejercicio de funciones públicas desde el 25 de junio del año 2015.
El Contralor explicó que las personas antes mencionadas y ya sancionadas por otros delitos en el pasado fueron ahora, durante 2019, designados por el usurpador y falso presidente Juan Guaidó para ocupar ilegalmente CITGO, Junta Administradora ad hoc, (PDVSA) PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S. A. y MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS, S. A.
“Ordeno a la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Dirección General de Procedimientos Especiales continuar con el procedimiento de verificación patrimonial y tramitar el procedimiento de multa previsto en el artículo 35 de la Ley Contra la Corrupción”, manifestó durante la rueda de prensa.
El Contralor General de la República exhortó al Ministerio Público, al Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y a la SUDEBAN a seguir con las investigaciones y a aplicar las medidas acordadas en sentencias de la sala constitucional del TSJ, como prohibición de salida del país, prohibición de enajenar y gravar bienes, y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias de quienes fueron designado por Guaidó.
“Es deber de todas las instituciones del Estado venezolano desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción, fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del Poder Popular, promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión pública, así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria contra las lesiones o el manejo inadecuado de los fondos públicos”, expresó durante el pronunciamiento.
