CGR se apega al ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso
Presentó ante el TSJ un escrito de alegato de un recurso de nulidad con medida cautelar de amparo, presentado por el ciudadano Enzo Scarano, contra la decisión administrativa de la CGR. Además consignó dos recursos de revisión contra las sentencias emanadas por la Sala Político Administrativa por procedimientos administrativos internos del Órgano Contralor El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, consignó ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia un escrito de alegato a un recurso de nulidad contra el acto administrativo mediante el cual se inhabilitó al exalcalde de San Diego, Enzo Scarano. El Titular del Máximo Órgano de Control Fiscal, explicó que esa oposición responde a que Scarano presentó conjuntamente con ese recurso una medida cautelar de amparo, solicitando que se deje sin efecto la inhabilitación que legítimamente procedió contra él, por parte de la Contraloría General de la República. En este sentido, aseveró: “Esta es un prueba evidente de que en Venezuela existe el debido proceso y el derecho a la defensa, garantizado en el artículo 49 de la Carta Magna venezolana, si no fuera así las personas no tuviésemos derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales, inclusive cuando se le hace la notificación a cualquier persona, funcionario o funcionaria, de un acto administrativo como el que nos ocupa, se le advierte en el mismo documento que tiene derecho de acudir antes los órganos correspondientes en el supuesto que se le esté violentando de alguna manera su interés”. También, el Dr. Galindo Ballesteros, entregó ante la Sala Constitucional del Poder Judicial dos recursos de reconsideración, motivado a que la Sala Político Administrativa dictó sentencias contra actos administrativos emanados de la CGR y previo análisis del Equipo Jurídico y del Subcontralor, José Javier Morales, se consideró que no están ajustados al principio de legalidad y a otros principios de carácter jurídico, por ello asistieron a la máxima instancia que interpreta la Constitución Bolivariana de Venezuela.
