Oficinas de Atención al Ciudadano consolidan participación del pueblo en la gestión pública
Estas instancias se constituyen como mecanismos efectivos para integrar a los ciudadanos en las labores de los organismos del EstadoEn Venezuela los Poderes Públicos han sido convocados a fortalecer la participación activa y protagónica del pueblo en la gestión pública, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Por su parte, la Contraloría General de la República ha ratificado en reiteradas oportunidades su alto grado de compromiso con la ciudadanía, y por ello las metas que se ha trazado el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal han sido primordialmente optimizar la capacidad de los organismos y entes del Estado para la atención de las comunidades y fomentar valores éticos en el manejo del patrimonio público.
En este sentido, el 1° de junio del año 2000 abrió sus puertas la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del máximo organismo contralor y desde ese momento ha insistido a cada órgano y ente de la administración pública sobre la obligación de crear en sus sedes estas instancias, apegado a lo que dicta la Carta Magna y en concordancia con la Ley Contra la Corrupción y las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana promulgadas por la CGR.
Las OAC son las dependencias del Estado más cercanas al pueblo, creadas con la finalidad de fomentar la transparencia y el control social, así como promover principios y valores que deben guiar la conducta de los servidores públicos y de los ciudadanos. Además, constituyen un avance importante en la implementación de mecanismos efectivos para la lucha contra la corrupción que debe consolidarse en todos los ámbitos.
A través de las Oficinas de Atención al Ciudadano se pone a disposición de la sociedad un medio que le permite involucrarse de manera directa, organizada, individual o colectiva en el control de la gestión del Estado, en la prevención e investigación de actos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa y en la promoción de la educación como proceso creador de la ciudadanía. Por otra parte, orienta y proporciona información oportuna sobre la utilización de los recursos públicos y la organización y funcionamiento de los organismos y sus entes descentralizados.
La participación ciudadana se concibe como una manifestación del modelo democrático participativo y protagónico establecido en la Constitución, lo que implica que los fines del Estado deben cumplirse a través de la efectiva participación de los ciudadanos, quienes actúan como corresponsables para profundizar aún más el vínculo Estado-ciudadanía.