La soberan\u00eda reside intransferiblemente en el pueblo y todos los \u00f3rganos del Estado emanan de la soberan\u00eda popular, por eso a ella est\u00e1n sometidos. Desde el 15 de diciembre de 1999, tal d\u00eda como hoy, hace diecisiete a\u00f1os, el pueblo venezolano resolvi\u00f3 de manera participativa y democr\u00e1tica, consiente y aut\u00f3noma, refundar la Rep\u00fablica, conformando el Estado democr\u00e1tico y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jur\u00eddico y de su actuaci\u00f3n, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la \u00e9tica y el pluralismo pol\u00edtico, conforme con la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela.<\/span><\/p>\n En este mismo orden de ideas, la organizaci\u00f3n jur\u00eddico pol\u00edtica que impera en Venezuela obliga sin duda alguna a que los representantes de los poderes p\u00fablicos en sus tres niveles de gobierno, municipal, estadal y nacional, reconozcan la realidad pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social, jur\u00eddica y cultural que se ha desarrollado en el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n Los poderes p\u00fablicos y en especial el Poder P\u00fablico Nacional, conformado por el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral deben, est\u00e1n obligados, a unir esfuerzos para enfrentar y resolver las adversidades que de orden jur\u00eddico, pol\u00edtico, econ\u00f3mico y social se viven en el pa\u00eds; esfuerzos que permitan de manera inmediata solucionar tales adversidades, no apartarse de la obligaci\u00f3n constitucional, legal, moral y hasta religiosa que requieren las ciudadanas y ciudadanos, quienes finalmente sufren las consecuencias de las faltas y errores que de manera intencional o involuntaria se cometen desde las altas esferas representativas de algunos \u00f3rganos del Poder P\u00fablico Nacional.<\/span><\/p>\n Sin \u00e1nimos de equivocarme, el Poder Legislativo, por \u00f3rgano de la Asamblea Nacional, incurre de manera reiterada, premeditada, por falta de conocimiento y por omisi\u00f3n, en la violaci\u00f3n manifiesta e inequ\u00edvoca de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y hasta de su propia norma rectora; vale decir, del Reglamento de\u00a0 Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. <\/span><\/p>\n Pareciera que este \u00d3rgano Legislativo pretende auto calificarse como un supra poder p\u00fablico, distinto a los poderes p\u00fablicos referidos en el art\u00edculo 136 constitucional. <\/span><\/p>\n La actuaci\u00f3n del Poder Legislativo nos convence de que se ha apartado de los principios de solidaridad social y del bien com\u00fan, sometidos al imperio de la Constituci\u00f3n y la Ley. No cabe duda que de manera reiterada los actos legislativos proferidos en las sesiones plenarias solo conducen a la violaci\u00f3n del Principio de Supremac\u00eda Constitucional, de Legalidad y de Obligatoriedad de la Colaboraci\u00f3n de los poderes entre s\u00ed para la consecuci\u00f3n de los fines del Estado en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos.<\/span><\/p>\n Desde la instalaci\u00f3n de la Asamblea Nacional actual, desde el 05 de enero de 2016 hasta la presente fecha, no hemos observado el cumplimiento de las obligaciones que de forma imperativa, no facultativa, se\u00f1ala el art\u00edculo 187 constitucional, y sobre todo no ha legislado sobre la organizaci\u00f3n y promoci\u00f3n de la participaci\u00f3n ciudadana, aprobaci\u00f3n del presupuesto nacional, decretos adicionales al presupuesto; entre otros, por el contrario se ha limitado a la sanci\u00f3n de leyes que han resultado inconstitucionales, \u00edrritas, nulas de nulidad absoluta y por lo tanto inexistentes en el mundo jur\u00eddico y social.<\/span><\/p>\n Prueba de ello es que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, como m\u00e1ximo y \u00fanico int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n y la Ley y como garante de la uniformidad y respeto a su interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n, ha declarado mediante sentencias la nulidad por inconstitucionalidad de esos actos legislativos, que han resultado \u00edrritos.<\/span><\/p>\n El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, y con la competencia y atribuciones amplias, exclusivas y excluyentes que le otorga el art\u00edculo 335 constitucional ha cumplido con sus atribuciones al declarar la nulidad total de las leyes y dem\u00e1s actos con rango de ley emanados del Poder Legislativo, por \u00f3rgano de la Asamblea Nacional, que sin duda alguna coliden con la Ley Suprema del Estado venezolano.<\/span><\/p>\n El Consejo Moral Republicano como \u00f3rgano de expresi\u00f3n del Poder Ciudadano y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, fija su posici\u00f3n de rechazo absoluto al denominado juicio pol\u00edtico seguido en contra del presidente constitucional de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, Nicol\u00e1s Maduro Moros. Este supuesto juicio pol\u00edtico, por dem\u00e1s fraudulento a la Constituci\u00f3n, esconde en sus entra\u00f1as la pretensi\u00f3n malsana e intencional de una acusaci\u00f3n inconstitucional enmara\u00f1ada en juicio pol\u00edtico, con el agravante de que el Poder Legislativo, por \u00f3rgano de la Asamblea Nacional carece de competencia y de legalidad a tal efecto. <\/span><\/p>\n Ciudadanas y ciudadanos es mi deber, como venezolano y m\u00e1xima autoridad de un poder p\u00fablico nacional, advertir que estamos en presencia de la pretensi\u00f3n de un golpe de Estado parlamentario al sistema de gobierno actual.<\/span><\/p>\n Refiri\u00e9ndonos a la sesi\u00f3n ordinaria de la Asamblea Nacional, celebrada el pasado martes 13 de diciembre de 2016, con el fin inconstitucional, por dem\u00e1s, de retomar un supuesto juicio pol\u00edtico en contra del Presidente de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, es necesario que el pueblo de Venezuela y el mundo conozcan lo siguiente:<\/span><\/p>\n Primero:<\/span> la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela no prev\u00e9 la figura de juicio por supuesta responsabilidad pol\u00edtica por parte del ciudadano Presidente de la Rep\u00fablica. En todo caso, y en el supuesto negado, de que el Poder Legislativo actuara dentro del marco de la legalidad, la \u00fanica figura sancionatoria al Poder Ejecutivo rese\u00f1ada en la Constituci\u00f3n solo se refiere al voto de censura y solo podr\u00eda recaer en el Vicepresidente Ejecutivo. Si estuvi\u00e9ramos en presencia de este escenario se activar\u00edan los supuestos referidos en los art\u00edculos 236, numeral 21, y 240 de la Carta Magna; vale decir, que el Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00eda en todo caso disolver la Asamblea Nacional.<\/span><\/p>\n Segundo:<\/span> la Asamblea Nacional actualmente carece de competencias y esta inhabilitada, sus actos son inconstitucionales e ilegales, toda vez que de manera reiterada, abusiva, grosera y manifiestamente impertinente se ha apartado del mandato jurisdiccional ordenado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; es decir, se mantiene en desacato de manera reincidente, inclusive es oportuno traer a colaci\u00f3n que el hecho de que los diputados suspendidos de sus funciones hayan manifestado de manera p\u00fablica y notoria que se han separado del Poder Legislativo; pero sin que medie la revocatoria del acto de juramentaci\u00f3n, ello no constituye de forma alguna que se haya subsanado tal desacato. En el supuesto negado de que existiera o llegara a existir tal revocatoria los actos legislativos ya dictados siguen siendo nulos de nulidad absoluta, pues as\u00ed lo ha decretado el M\u00e1ximo Tribunal de la Rep\u00fablica con anterioridad a la revocatoria de la juramentaci\u00f3n, que pudiera en todo caso tener lugar.<\/span><\/p>\n Tercero: <\/span>solo el ejercicio de la potestad de control parlamentaria atribuido constitucionalmente a la Asamblea Nacional para declarar responsabilidad pol\u00edtica de las funcionarias y funcionarios p\u00fablicos, conforme al art\u00edculo 222 constitucional y que bajo ninguna circunstancia puede ni debe confundirse con un juicio pol\u00edtico, y menos a\u00fan al Presidente de la Rep\u00fablica, requiere la participaci\u00f3n del Poder Ciudadano, por cuanto este Poder es el \u00fanico facultado constitucionalmente para realizar la acciones a que hubiera lugar y determinar si hay responsabilidad o no por parte del funcionario o funcionarios p\u00fablicos, sobre el cual recaiga la responsabilidad. <\/span><\/p>\n Es necesario aclarar que en esos casos no se est\u00e1 en presencia de un juicio pol\u00edtico sino de un simple procedimiento administrativo que requiere la intervenci\u00f3n de varios \u00f3rganos para ser efectiva una responsabilidad administrativa, no un delito pol\u00edtico; por lo tanto, la declaratoria aislada de la responsabilidad pol\u00edtica no es suficiente para entender que la misma se ha materializado, pues se requiere la intervenci\u00f3n obligatoria del Poder Ciudadano.<\/span><\/p>\n Resulta prudente traer a colaci\u00f3n que solo por intermedio del Poder Ciudadano en pleno, integrado por el Defensor del Pueblo, la Fiscal General de la Rep\u00fablica y el Contralor General de la Rep\u00fablica, podr\u00eda el Poder Legislativo, por \u00f3rgano de la Asamblea Nacional, solicitar la determinaci\u00f3n de la responsabilidad administrativa y a\u00fan en esa circunstancia ser\u00e1 el Tribunal Supremo de Justicia quien tenga la \u00faltima palabra.<\/span><\/p>\n De manera categ\u00f3rica y ajustada a derecho, no existe duda alguna que en el orden jur\u00eddico venezolano no hay ninguna norma, no hay fundamento alguno que pueda sustentar, aunque sea imaginariamente, el tema sobre el abandono constitucional del cargo por parte del Presidente de la Rep\u00fablica. Solo estamos en presencia de supuestos, falsos de toda falsedad, pues para que se produzca ese imaginario abandono por parte del Presidente de la Rep\u00fablica se requiere la aplicaci\u00f3n previa de un control de constitucionalidad que solo lo puede ejercer de manera exclusiva y excluyente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.<\/span><\/p>\n Se\u00f1oras, se\u00f1ores, ciudadanas y ciudadanos del pueblo de Venezuela y del mundo, sepan que la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y el Consejo Moral Republicano, sin comprometer de manera alguna sus atribuciones constitucionales y legales no debe avalar, apoyar o aceptar por parte del Poder Legislativo, por \u00f3rgano de la Asamblea Nacional, el seguimiento de un mal denominado juicio pol\u00edtico en contra del Presidente de la Rep\u00fablica, pues de hacerlo estar\u00eda incurriendo en desacato a la Constituci\u00f3n y a las leyes, y estar\u00eda adem\u00e1s tratando de subsanar el irrespeto por parte de la Asamblea Nacional al mandato jurisdiccional emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, este M\u00e1ximo \u00d3rgano de Control Fiscal y el Poder Ciudadano, se mantienen y se mantendr\u00e1n en el tiempo apegados al Principio de Supremac\u00eda Constitucional, Principio de Legalidad, Principio de Obligatoriedad de Colaboraci\u00f3n entre los poderes p\u00fablicos y apegados a la constitucionalidad, a la democracia y a la paz que debe reinar en el pa\u00eds en beneficio del colectivo.<\/span><\/p>\n En fecha 14 de diciembre de 2016, el diputado a la Asamblea Nacional, H\u00e9ctor Rodr\u00edguez Castro, debidamente asistido por el abogado Julio Garc\u00eda Zerpa, y haciendo uso del derecho a petici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 51 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, que establece que \u201ctoda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario p\u00fablico o funcionaria p\u00fablica sobre los asuntos que sean de la competencia de \u00e9stos o \u00e9stas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta.<\/p>\n Quienes violen este derecho ser\u00e1n sancionados o sancionadas conforme a la Ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo\u201d.<\/p>\n En este sentido, el diputado Rodr\u00edguez Castro present\u00f3 ante la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y el Consejo Moral Republicano una denuncia formal con motivo a que se emita un pronunciamiento sobre la continuidad del denominado e infundado juicio pol\u00edtico, e imaginario abandono del cargo por parte del Presidente Constitucional de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela.<\/p>\n Es necesario traer a colaci\u00f3n que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional mediante sentencia N\u00b0 1086, proferida en fecha 13 de diciembre de 2016, con motivo de la solicitud de declaratoria de omisi\u00f3n legislativa, presentada por el diputado H\u00e9ctor Rodr\u00edguez, decidi\u00f3:<\/p>\n Primero: designar los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, para el per\u00edodo 04 de diciembre de 2016 al 04 de diciembre de 2023.<\/p>\n Segundo: convocar a las rectoras y rectores designados a su juramentaci\u00f3n para el d\u00eda 14 de diciembre de 2016, como efectivamente ocurri\u00f3.<\/p>\n Tercero: reiter\u00f3 de manera categ\u00f3rica que todas las actuaciones desplegadas por la Asamblea Nacional relacionadas con el proceso de designaci\u00f3n de los nuevos funcionarios que deben sustituir en el ejercicio de sus cargos a los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral carecen de validez, eficacia y existencia jur\u00eddica, conforme a lo dispuesto en las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nros. 808 y 810 de fechas 2 y 21 de septiembre de 2016, respectivamente, y recientemente en las sentencias Nros. 952 del 21 de noviembre de 2016 y 1012, 1013 y 1014 del 25 de noviembre de 2016, en las que se ha evidenciado el desacato de la Asamblea Nacional.<\/p>\n Cuarto: igualmente, el M\u00e1ximo Tribunal de la Rep\u00fablica sostuvo que cualquier actuaci\u00f3n de la Asamblea Nacional y de cualquier \u00f3rgano o individuo en contra de lo decidido ser\u00e1 nula y carente de toda validez y eficacia jur\u00eddica.<\/p>\n Se\u00f1oras y se\u00f1ores, el Consejo Moral Republicano y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica responder\u00e1n a la denuncia formulada por el diputado H\u00e9ctor Rodr\u00edguez, el pasado 14 de diciembre del presente a\u00f1o, pues el art\u00edculo 51 constitucional obliga a dar respuesta oportuna y adecuada a toda persona que dirija peticiones ante cualquier autoridad, funcionaria o funcionario p\u00fablico, y establece sanciones para quienes no cumplan con este mandato.<\/p>\n Cierro con dos reflexiones:<\/p>\n
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