Los representantes del Consejo Moral Republicano, ciudadanos contralor general de la República, Elvis Amoroso, como presidente; Tarek William Saab, fiscal general; y Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, rechazaron de forma categórica y contundente el atropello causado a los magistrados Indira María Alfonzo Izaguirre y Arcadio Delgado Rosales, primera vicepresidenta de la Corte y vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, negándoles el ingreso a territorio peruano bajo los argumentos de restricción migratoria, ordenada por el gobierno de Perú.
En pronunciamiento a la opinión pública nacional, el presidente del órgano de expresión del Poder Ciudadano, Elvis Amoroso, informó que los altos funcionarios del Poder Judicial venezolano, atendiendo a la convocatoria efectuada por la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, viajaron a Lima, capital de Perú, para representar a la República Bolivariana de Venezuela en la segunda reunión preparatoria de ese evento internacional, y para asistir a las diversas actividades programadas por los órganos involucrados.
Amoroso ratificó que este atropello ocurrió aun cuando Venezuela forma parte como miembro activo y fundador de esa instancia, que reúne a los presidentes y juntas directivas de los poderes judiciales, como Corte Suprema y Consejo de la Judicatura, de 23 países iberoamericanos.
“Nos hacemos solidarios con los magistrados, a quienes, ejerciendo la representación de la República Bolivariana de Venezuela, no se les permitió el ingreso por parte de las autoridades de Perú, actuando contrariamente a los principios que enaltece el derecho internacional y atentando contra los valores del multilateralismo, la cooperación internacional, el basamento de la Carta de las Naciones Unidas y, en consecuencia, en flagante violación de sus obligaciones como país anfitrión”, señala el comunicado leído.
Amoroso detalló que esta situación y otras agresiones a ciudadanos venezolanos que se encuentran en Perú representan un ataque a las instituciones legítimamente constituidas y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 35 establece el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión.
En ese contexto, además de la agresión contra los magistrados del TSJ, también rechazaron la agresión contra otros venezolanos que también han sido víctimas de xenofobia y violación de derechos humanos en Perú.
Por otra parte, exhortaron a los órganos del sistema de las Naciones Unidas a que se condenen categóricamente las irregularidades, atropellos y violaciones al derecho internacional público y al derecho de participación que tienen los Estados que suscribieron los tratados y acuerdos multilaterales.
Por su parte, el Fiscal General de la República señaló en su intervención que las autoridades peruanas promueven la xenofobia y el maltrato a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en ese país; por ello calificó de “hitlerianas” sus actuaciones en contra de los venezolanos e indicó que este tipo de situaciones no hacen más que enaltecer la unidad de los poderes públicos nacionales en defensa de la Patria y sus ciudadanos en cualquier parte del mundo.
Para finalizar, el Defensor del Pueblo expresó que se solidariza con los magistrados que sufrieron vejaciones en Perú. Además, consideró que el Gobierno peruano sufre de total inestabilidad y ha cometido grandes torpezas en materia de derechos humanos, pues no respetan los tratados y convenios internacionales ni la integridad física y moral de los venezolanos residenciados en esa nación. La reunión terminó con las firmas de los máximos integrantes del Poder Moral en el documento donde queda por escrito lo acordado en esa actividad.
